Las autoridades de EE.UU. detuvieron hoy a las 8:30 a. m. al expresidente Alejandro Toledo Manrique (74) por una solicitud de prisión preventiva con fines de extradición, en el marco de la solicitud hecha en diciembre del 2017 por el Equipo Especial para el Caso Lava Jato. La Fiscalía investiga al exmandatario, quien estuvo prófugo por dos años y cinco meses, por presuntos pagos de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Toledo –quien vive en California desde que dejó el país en enero de 2017– fue presentado esta mañana en audiencia ante el juez Thomas S. Hixon luego de ser detenido por las autoridades estadounidenses, según informó San Francisco Chronicle. En una segunda audiencia programada para este viernes 19 de julio a las 10:30 a. m., la Corte del Distrito de Norte de California decidirá si el exmandatario continúa el proceso de extradición en libertad, después que la defensa de Toledo solicitara el pago de una fianza.

UNO MÁS. El fiscal Rafael Vela, hoy coordinador del Equipo Especial Lava Jato, ha solicitado la extradición del expresidente Alejandro Toledo por presunto lavado de dinero en el caso Ecoteva. 

Foto: Ministerio Público.

Sobre el expresidente y su esposa Eliane Karp además pesa otra solicitud de extradición, presentada el último 17 de junio por el coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela. Este procedimiento está vinculado a la investigación contra Toledo Manrique por presunto lavado de activos en el Caso Ecoteva, dinero cuyo presunto origen fueron los sobornos entregados por las empresas brasileñas con obras en Perú, según la Fiscalía.

Claves en la detención de Toledo

El caso que hoy tiene bajo detención a Toledo –quien fue presidente entre 2001 y 2006–se originó en una investigación por tráfico de influencias en febrero del 2017. El fallo del Equipo Especial, liderado en ese entonces por el fiscal Hamilton Castro, estableció que el expresidente "ofreció a Jorge Barata, Superintendente de la Empresa Odebrecht en Perú, la posibilidad de ganar la Licitación del Proyecto Corredor Víal Interoceánico (...) a cambio de la suma de US$ 35 millones".

SOLICITUD. El Equipo Especial del Caso Lava Jato, liderado por el fiscal Hamilton Castro el 2017, requirió la extradición activa del expresidente Alejandro Toledo. 

Foto: Ministerio Público.

El 9 de febrero de 2017, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción emitió orden de prisión preventiva contra Toledo. El 7 de marzo de 2017, según los archivos del Equipo Especial para el Caso Lava Jato, la Fiscalía amplió investigación por tráfico de influencias y lavado de activos. Las pesquisas precisaron que Toledo recibió US$20 millones de Odebrecht entre 2006 y 2010, a través de la red de sociedades offshore del empresario peruano israelí Josef Maiman. 

En diciembre del mismo 2017, el equipo liderado entonces por Hamilton Castro presentó la solicitud de extradición contra Toledo ante el Poder Judicial de Perú, tras mantener coordinación con el Departamento de Justicia de EE.UU. y la embajada estadounidense en Lima, según explicaron a Ojo-Publico.com dos fuentes vinculadas al proceso de extradición. 

ORDEN. El Poder Judicial aprobó como procedente en doble instancia -juzgado de investigación preparatoria y Corte Suprema- la solicitud de extradición del exmandatario Alejandro Toledo.

Documento: Poder Judicial.

El 19 de febrero del 2018, el juez Concepción resolvió "requerir judicialmente a las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América, la extradicción" de Toledo. Por su parte, la Sala Penal Permanente de Extradicción Activa de la Corte Suprema de Justicia confirmó la medida y remitió el expediente al Ministerio de Justicia (Minjus).

El 23 de marzo y 25 de mayo el Ejecutivo, respectivamente, aprobó el legajo y lo envió al Departamento de Estado de EE.UU., a través del Minjus y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Con el fallo judicial de hoy, el exJefe de Estado, que recuperó la democracia en el 2000 tras la caída del fujimorismo, ha iniciado de manera inminente el camino en su retorno al Perú.

Lo que debería ser una de las principales obras públicas con miras al Bicentenario de la Independencia ha empezado a generar cuestionamientos antes de que se ponga la primera piedra. El diseño para la nueva Sede del Archivo General de la Nación, que ganó un reciente concurso público del Ministerio de Cultura, tiene la apariencia de un edificio moderno, pero ojos expertos estiman que el resultado hará retroceder en más de un siglo las condiciones para el cuidado del patrimonio documental del país. El tema fue discutido semanas atrás en una reciente sesión de la Comisión de Cultura del Congreso, pero pasó desapercibido en medio de los escándalos recientes por el robo de papeles históricos en el segundo repositorio del país. Los historiadores Carlos Villanueva y Blanca Alva, junto con el arquitecto Jaime Iván Negri, explican por qué, en medio de la urgencia de una nueva sede con mejores condiciones de seguridad y almacenamiento, este edificio, tal como aparece en los planos oficiales, no es una buena noticia. 

VIDEO. Dos historiadores y un arquitecto detectan más de 30 fallas en la nueva sede del Archivo General de la Nación, uno de los repositorios históricos más importantes de Perú.

Hace varios años que se reclama la construcción de una nueva sede para el AGN, tanto por la falta de espacio como por seguridad, para combatir el problema de los robos. ¿Qué problemas le encuentran?

Carlos Villanueva (CV): Los fallos se fundamentan, primero, en las condiciones del terreno. Hay dos trasgresiones principales a las normas internacionales. En primer lugar, el edificio colinda con viviendas. Eso no lo vas a ver en ningún archivo del siglo XXI, ni siquiera del siglo XX, porque hay normas que no se pueden trasgredir sin poner en peligro el patrimonio. Inicialmente el proyecto no tenía construcciones externas adosadas y ya estaba contraviniendo la regla internacional. Pero ahora el edificio está adosado, o sea que está pegado a las casas. En segundo lugar, en los planos oficiales se ve en detalle que está completamente cercado, no hay posibilidad que crezca. Este sería el único archivo del mundo en el siglo XXI que no reúne las condiciones técnicas y eso no lo podemos permitir. Hay formas de corregir ese error y eso es a lo que queremos contribuir, a que el gobierno se rectifique, para que se hagan las cosas bien. Veamos lo que se ha hecho en otros países. En Argentina, por ejemplo, han escogido un área de 10 mil metros cuadrados, y no tiene ninguna vivienda que colinde, ni menos que esté adosada al edificio. Para cuando dentro de treinta años necesiten más capacidad de repositorios, tendrán tres lugares para ampliar. Es decir, tienen espacio para crecer durante todo el siglo XXI. En el de nosotros, eso no se puede. Es decir, este proyecto trasgrede abiertamente las normas internacionales. Y lo dice abiertamente: en el perfil han puesto literalmente que el edificio colinda con viviendas.

¿Y eso está señalado allí como un problema?

CV: No, no. Como una virtud será, por eso lo han puesto.

Jaime Iván Negri (JIN): En la memoria descriptiva del estudio de factibilidad mencionan inclusive que debe tener las condiciones correctas, pero el proyecto las trasgrede.

Riesgos. La distribución de repositorios expone los documentos históricos en un área pública, lo cual incrementa el riesgo de desapariciones y robos de las piezas.

Foto: Cheng Franco Arquitectos.

CV: La propuesta nuestra es la siguiente: el terreno ideal es el que ocupa el actual cuartel Simón Bolívar, propiedad del Estado Peruano. ¿Qué hacemos? Lo zonificamos en dos: una parte para el Archivo General de la Nación y otra parte para el Museo Nacional de Bellas Artes que el Perú no tiene. El Perú tiene uno de los patrimonios artísticos más importantes de América, junto con México, pero no tiene un Museo Artístico Nacional. Chile sí lo tiene. Por eso decimos: señores, esta es la ocasión, hagamos bien las cosas. En el mismo parque, donde ahora hay un helicóptero, pondríamos la escultura original de la Victoria del 2 de mayo, que pensamos recuperar. Cerca habrá una pileta. Y toda la ornamentación tendría un profundo simbolismo nacional. Desde las plantas que se pongan, que no van a ser de cualquier tipo, sino flores de Cantuta, por los Incas; flores de Amancaes, por la Lima Milenaria; y otras que representen la selva también. Vamos a diseñar un parque donde esté la Peruanidad, frente a su memoria histórica. En una carta que escribí al presidente de la República le decía que, con el mismo dinero que está presupuestado y en el mismo tiempo que se ha proyectado, se puede hacer algo mejor, encuadrado en lo que es una verdadera propuesta de política de Estado.

¿Eso es lo que usted explicó recientemente en el Congreso?

CV: Así es.

¿Y qué resultado tuvo?

CV: Muy bueno, lo aprobaron y fruto de eso se organizó la mesa de trabajo en la que participamos los tres. Se invitó al viceministro Cortés; a la Jefa Institucional del AGN, la magister Olinda Graciela Rengifo García. Y también a su equipo de trabajo, porque nosotros no tenemos ningún inconveniente con ellos. Al contrario, queremos conversar y debatir, y decirles: aquí están los fallos y hay que rectificar. Pero no fueron, no acudieron. 

Concurso. El diseño de Cheng Franco Arquitectos fue el proyecto ganador del Concurso de Ideas de Arquitectura para la nueva sede institucional del Archivo General de la Nación, promovido por el Ministerio de Cultura.

Foto: Cheng Franco Arquitectos

¿Lo que plantean es una iniciativa civil o de qué tipo?

CV: Es una feliz coincidencia. Blanca Alva es una autoridad en recuperación de patrimonio cultural, sabe lo que hay que hacer. Jaime es una persona que desde el año 92 estudia estos temas de archivos. Ha ido a Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, ha estado en archivos de Europa. Es una persona que hay que escuchar.  Yo tengo 34 años investigando en archivos nacionales y extranjeros. Conozco y estudio estos temas. Lo único que nosotros queremos es decirle al gobierno: tenemos unas observaciones técnicas y queremos que nos escuchen, porque podría cometerse un error gravísimo. Cuando se hizo lo del Edificio de Correos, había hasta cuatro informes internos que se oponían a que ese fuera el nuevo local. Y no era transitorio. Hubo declaraciones de la jefa institucional de entonces en que decía que era para toda la vida, sin darse cuenta que contravenía todas las normas internacionales

JIN: por ejemplo, que está cerca de un río.

CV: Y yo lo hice notar, pero no hicieron caso. Hicieron lo que ellos quisieron. Allí están los resultados: pésimo lugar, filtraciones, humedad.

JIN: Es una zona vulnerable, y una zona bélica, porque tiene el Palacio de Gobierno al costado. Y además tiene muy cerca las cocinas de los restaurantes de la zona.

CV: Solo para mencionar la humedad: Pusieron el archivo allí, sin ninguna climatización de los fondos. En ciertas temporadas, pones la mano en el documento y sientes que está húmedo. Es decir: haberlo pasado allí está acelerando el proceso de su destrucción. No me escucharon. Ni siquiera el Protocolo Ambulante -el documento histórico más importante del AGN- está climatizado.

Una de las últimas directoras anunció públicamente que el Protocolo Ambulante estaba guardado en una caja fuerte.

CV: Pero es que esos documentos no se ponen en una caja fuerte. Se ponen en ambientes climatizados. Cualquiera que haya ido a un archivo lo sabe. Eso no es garantía, al contrario, estamos haciendo que se destruya el patrimonio. Ahora, no porque hay que hacer un archivo, se va a hacer de cualquier manera, porque no nos va a servir. De hecho, este proyecto pone en peligro la integridad del patrimonio cultural archivístico de la Nación. Eso está clarísimo y no nos podrán decir lo contrario.

IRREGULAR. Los expertos señalan que se ha planteado la instalación de cocinas cercanas a los repositorios coloniales y republicanos en el piso 11 de la sede del Archivo de la Nación. 

Foto: Cheng Franco Arquitectos.

¿Cuáles son las observaciones más graves?

JIN: En la presentación que hicimos ante el Congreso expuse 30 fallos, en principio. Esta obra consta de más de 200 planos de distintos aspectos. Tan solo de infraestructura hay 45. El gran personaje de la archivística nacional, César Gutiérrez Muñoz, me dijo que escribiera una carta con esta información y le pusiera por título: 'El edificio del Archivo Nacional que no se debe hacer'. Y precisamente, este edificio, por donde lo ves, tiene todo lo que no debe tener un archivo. La principal falla es que tenga estacionamientos debajo de los repositorios. En la investigación que hice para el perfil que fue aprobado en su momento para la PCM, y a partir del cual arman las bases, se dice que los estacionamientos deben estar fuera del edificio, pero como el terreno era lo mínimo que había, se tuvo que resolver en ese momento. Otra falla es que la zona de los documentos está junto a la zona de atención al público. Eso nunca puede ser, tiene que haber una transición. La circulación por todo el edificio es libre y eso nunca sucede en un archivo nacional. Una de las pautas principales de la norma internacional es que no haya instalaciones sanitarias dentro de los repositorios, para que no haya ningún riesgo de inundación, pero han puesto un baño dentro de los repositorios, y también hay unos ductos de extracción del monóxido del estacionamiento, que tampoco deben estar dentro. Su data center, que es el centro de cómputo de todo el edificio, está en el sótano 1 y debajo del mismo está el almacén de petróleo del grupo electrógeno. Eso está en los planos. Otra gran falla es poner equipos de aire acondicionado dentro de los repositorios. Eso implica instalaciones eléctricas, motores dentro de los repositorios, todo un peligro de incendio.

CV: La norma te dice que un archivo puede controlar casi eficientemente o reducir al máximo los peligros de desastres, inundaciones, cualquier tipo de catástrofe. Sobre todo, los incendios. Por eso te dice que no puede colindar [con viviendas] y menos estar adosado. Porque puedes controlar la cocina que tienes en el edificio, pero cómo controlas las cocinas que hay en las casas. no hay forma.

JIN: En el concurso tuvieron un defecto por la poca capacidad de los repositorios. Seguramente con las observaciones cambiaron. Lo que en el diseño parecía un edificio muy bonito, a la hora de la factibilidad aparece como un edificio metido a la fuerza. como que han venido y lo han querido acomodar, pero en la intención de acomodar lo han empeorado.

OBSERVACIÓN. El diseño del Archivo de la Nación incluye fallas como la incorporación de un estacionamiento debajo de los repositorios. Según los especialistas, el estudio de factibilidad exige que no se debe incluir.

Foto: Cheng Franco Arquitectos.

CV: Tan solo con las primeras observaciones, en otra parte este proyecto no pasaba. Los archivos que se están construyendo actualmente, que son religiosamente cumplidores de la normativa, son diferentes a esto.

JIN: Otras de las fallas es el ingreso por tres calles, vulnerable a la seguridad. Un archivo tiene un solo acceso y un solo control. No es un centro comercial al que le das entrada por todo lado. Eso está mal. El sótano también es abierto, vienes, entras y nadie te controla. No hay una garita. La circulación cruzada de tres zonas, que son los repositorios, de un lado, y la zona de oficinas, laboratorios ydirecciones técnicas, del otro; cuando hay un documento que venga para atención de los investigadores va a cruzar la zona central de acceso público, y eso no puede ser. Siempre debe haber una exclusa, una antesala, un repositorio transitorio donde llega el documento, pasa al counter de atención y mediante un registro se entrega en consulta dentro de una sala protegida. Otro detalle: en el piso 11 hay una cocina a pesar de que en ese mismo piso está el archivo colonial. Una de las preguntas que queríamos hacer era por qué estaba ese archivo a ese nivel, si la sala de investigaciones, por lo que se deduce de los planos, está en el tercer piso. ¿ y cómo llevas un documento importante de un piso a otro? ¿Caminas? ¿Bajas por el ascensor? No sabemos qué puede pasar por allí, que es un área de acceso público. Ese tipo de circulación de repite en todo el edificio, no hay una separación de lo restringido con lo controlado.

CV: Lo que tiene que quedar claro es que no nos pueden dar la respuesta de: vamos a reformular el proyecto en el mismo lugar, porque en ese lugar no se puede hacer el archivo, y peor si es esto. Con todo el respeto que nos merece las personas que lo hicieron.

¿Ustedes han pedido explicaciones sobre esto?

CV: Yo le dirigí una carta al presidente de la República y le pedía una entrevista para hablar del tema, porque él debe tomar decisiones importantes cuando hay afectación de bienes públicos, y el cuartel Bolívar es un bien público. No es terreno de los vecinos, es un terreno de la Nación para fines públicos nacionales. El presidente derivó esto al Ministerio de Cultura, pero el anterior ministro, Rogers Valencia, tomó la decisión de hacerlo. Y lo entiendo en parte. No porque esté bien esto, sino porque las noticias de los robos enel AGN, que son un escándalo, lo presionó. Él no conocía el proyecto y lo ha pasado. El problema es qu ahora no escuchan, porque la comisión de Cultura los invitó el día que fuimos a explicar esto, y no fueron.

Especialistas. De izquierda a derecha: el arquitecto Jaime Negri, la experta en patrimonio cultural Blanca Alva y el historiador Carlos Villanueva exponen las fallas del proyecto del AGN en una mesa de trabajo en el Congreso de la República.

Ojo-Publico.com

JIN: Están haciendo un elefante blanco que no va a servir para nada. Acá todos han pecado de desconocimiento, a pesar de que ellos ponen esos los criterios de la memoria descriptiva del estudio de factibilidad. Entonces, dice que los estacionamientos deben estar fuera del edificio, y los ponen dentro; dice que no debe haber sistemas de drenaje o de agua dentro de los repositorios, y ponen un baño dentro de los repositorios.

Su propuesta incluye la recuperación de patrimonio. ¿En qué sentido es una alternativa?

Blanca Alva: El propósito es hacer un proyecto símbolo del Bicentenario y por eso estamos proponiendo recuperaciones simbólicas. Se ha perdido mucho patrimonio documental, entonces la idea es buscar alguna propuesta viable. Está el caso de una parte de los documentos saqueados durante la guerra con Chile. En 1996, el historiador Teodoro Hampe hizo un estudio y determinó que había 514 volúmenes de la Inquisición que estaban en el Archivo General de Chile. Y dado que hay un inventario detallado, pensamos que sería fácil hacer una propuesta para su recuperación. El otro caso es la escultura de la Victoria del Dos de Mayo. La escultura que está ahora en la plaza es una réplica. Aparentemente la original fue saqueada por un soldado chileno que la regaló luego a la ciudad de Talca. También hay un estudio histórico de esto. Entonces, la idea era impulsar esto en forma simbólica para darle importancia al Archivo, hacia su contenido. Necesitamos un Machu Picchu de los documentos, para que se le dé la verdadera importancia.

CV: Recuperar documentos que han sido sustraídos del Archivo General de la Nación no ha sido exitoso. De los 525 documentos que se robó hace años un sujeto apellidado Mexicano, solo que recuperaron dos. Lo que el AGN necesita es hacer una investigación exhaustiva de parte de su personal y emprender la recuperación. Si los ladrones que operan allí perciben que no hay una intención seria de sancionar y de hacerlo público, nos van a seguir robando. Muchas veces ocultan estos casos, pero hay una cosa importante: están contraviniendo la convención de 1970 de Unesco, porque una de las condiciones que el país ha asumido, como firmante, es que tiene que dar información obligatoria y suficiente de su patrimonio sustraído. El Perú está obligado a hacerlo y no se cumple.

¿Este proyecto, con sus riesgos aparentes, abona a esa crisis?

CV: Usted lo ha dicho. Es un proyecto muy mal concebido. Se nota que no ha habido experiencia, que no tienen el conocimiento necesario. En ninguna parte del mundo se hace un archivo por la emergencia de tenerlo ya. Hay que planificarlo como ha hecho Argentina, como ha hecho Colombia, México, Costa Rica. En el mundo moderno se están haciendo los archivos muy rigurosamente. No podemos hacer el papelón de construir algo que nos está regresando hasta antes de 1843. Hasta por eso, deben pensarlo bien.

Antes de finalizar su mensaje a la Nación, el mandatario Martín Vizcarra Cornejo anunció la presentación de una iniciativa legislativa de reforma constitucional, que contempla el adelanto de las elecciones generales para el 28 julio del 2020. La propuesta, según explicó Vizcarra, deberá ser ratificada a través de un referéndum e implica el recorte del mandato del Presidente de la República y de los integrantes del Congreso.

"Hoy propongo a este parlamento quizás su mayor reto en todo el periodo congresal y les exhorto hacernos cargo de esta realidad, teniendo un acto de dignidad y de reinvindicación por el país", afirmó Vizcarra ante el Congreso. "La voz del pueblo peruano tiene que ser escuchada, por ello esta reforma constitucional deberá ser ratificada mendiante referéndum", agregó el Presidente de la República luego de casi dos horas de discurso.

El abogado constitucionalista y docente de Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Samuel Abad Yupanqui, señaló que el anuncio del presidente Vizcarra no representa ninguna "novedad" porque el 5 de octubre del 2000 se debatió en el pleno un pedido similar para adelantar las elecciones generales frente a la renuncia de Alberto Fujimori Fujimori. "Es una salida jurídica y política frente a una crisis", indicó.

Frente a los plazos y el proceso de la propuesta presentada por el mandatario, Abad Yupanqui manifestó a Ojo-Publico.com que primero se requiere la aprobación de la reforma constitucional en el Congreso, y luego "el pueblo determinará (a través del referéndum) sobre el recorte en los mandatos del Ejecutivo y del Congreso".

Por su parte, el  jefe de Idea Internacional en Perú, Percy Medina Masías, indicó que es necesario conocer primero el proyecto del Ejecutivo para brindar mayores precisiones sobre el anuncio dado por el presidente Vizcarra. "Técnicamente no se puede dar un adelanto de elecciones porque el plazo es de cinco años", señaló Medina a Ojo-Publico.com, pero explicó que se puede tomar como antecedente la aprobación del Congreso realizada en el año 2000.

La decisión del presidente ocurre luego de que el Congreso decidió el último jueves 25 de julio mantener en sus fueros la facultad de levantar la inmunidad parlamentaria. La propuesta del Ejecutivo contemplaba que esta decisión recayera en la Corte Suprema de Justicia. "La demanda ciudadana de disolución del Congreso es contundente, y (...) la confianza solicitada para las reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos", aseguró Vizcarra.

La propuesta sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria por el Poder Judicial formaba parte de los seis proyectos de ley de reforma política presentados por el Poder Ejecutivo. El pasado 5 de junio, el Pleno del Congreso se comprometió a aprobar la totalidad de estos proyectos antes del 26 de julio, al otorgar la confianza solicitada por el Presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar Labarthe.

La reforma planteada por el Ejecutivo también contempló la modificación de los requisitos para inscribir a una organización política y para la elección de sus candidatos; además de introducir el delito de financiamiento indebido en campañas electorales, y el impedimento de postular a cargos de elección popular a aquellos sentenciados por delitos dolosos. Finalmente, la reforma incluyó la paridad de género en la conformación de listas para el Congreso.

Con información de Elizabeth Salazar, Karin Chacón, Clarys  Cárdenas y Vidal Merma.

El reciente anuncio del Presidente de la República, Martín Vizcarra, para promover una nueva Ley General de Minería, fue un pedido expreso de los gobernadores de la Macro Región Sur que se reunieron con él la semana pasada para encontrar una salida a los conflictos sociales en sus regiones. Aunque se desconocen los cambios que el Ejecutivo planteará en su proyecto de ley, la iniciativa reformará una ley que tiene 27 años de vigencia.

El Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería fue aprobado durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1992, a través del Decreto Supremo Nº 014-92-EM, pero su marco legal data de 1981. La norma actual se promulgó como parte de la política de promoción de inversiones y sirvió para consolidar beneficios fiscales a favor de las grandes compañías mineras, a través de los acuerdos de estabilidad jurídica y tributaria.

Epifanio Baca, economista y coordinador ejecutivo de la ONG Propuesta Ciudadana, considera que la nueva ley debe incluir una reforma normativa en el ámbito social, ambiental y tributario, con el fin de reducir los conflictos en torno a la actividad minera. Hasta junio de este año, la Defensoría del Pueblo tenía identificados 117 conflictos socioambientales en todo el país, el 62% de los cuales (73) está relacionado a la minería. 

“Entre los puntos más controversiales de la actual Ley General de Minería está la entrega automática de concesiones mineras y de contratos para que las empresas obtengan beneficios tributarios. Nadie niega que esta actividad es importante para el país, pero si queremos que se haga de modo responsable se deben revisar estos aspectos, al igual que los decretos aprobados el 2014 para reducir las multas a las mineras que contaminan”, señaló Baca a Ojo-Publico.com.

REGIONES. La nueva Ley General de Minería fue un pedido de los siete gobernadores del sur que se reunieron con el presidente Vizcarra para analizar la solución a los conflictos mineros.

Foto: El Búho.

El economista José de Echave, exviceministro de gestión ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam) y miembro de la ONG Cooperacción, coincide en que la norma creó un clima favorable para atraer las inversiones, pero no les dio la misma importancia a los derechos económicos y ambientales de las comunidades donde se desarrollarán los proyectos extractivos.

Además, la ley centralizó los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). "En 1990 se aprobó el Código del Medio Ambiente para que los derechos, políticas e instrumentos de gestión ambiental se resuelvan con un carácter transversal, pero la Ley General de Minería quebró el espíritu de la norma y sectorizó los EIA con el objetivo de que sea el Ministerio de Energía y Minas el que decida sobre este tema, y así ha funcionado hasta hace muy poco", agregó Echave.

Fuentes de Ojo-Publico.com confirmaron que esta semana la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) convocará a una reunión de directorio para analizar este y otros puntos del mensaje presidencial de 28 de julio. “Ninguna ley está escrita sobre piedra, pero no es el momento adecuado. Se está respondiendo a la presión por los gobiernos regionales del sur”, dijo el último domingo María Isabel León, presidenta del gremio que reúne a las principales empresas del país.

Conflictos se reactivaron este mes

El gobierno plantea una nueva Ley General de Minería en un contexto de conflictos sociales registrados en varias regiones del sur del país.

El primero de ellos comenzó en Puno. El 22 de julio los habitantes de las localidades Llalli, Umachiri, Cupi y Ayaviri, ubicadas en las provincias de Melgar y Lampa, iniciaron un paro indefinido pidiendo el cierre de la mina Arasi, propiedad de la compañía peruana Aruntani SAC y a la que responsabilizan por la contaminación del río Llallimayo.

PUNO. Los afectados por la contaminación del río Llallimayo bloquearon el acceso a la ciudad. Ellos han dado una tregua de 15 días al Gobierno para que se asegure el cierre de la mina Arasi.

Foto: Primitiva Coarite / Ojo-Publico.com

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó en mayo del 2018 la anulación de dos operaciones de la minera: el tajo y el botadero “Jessica”, pues encontró la actividad estaba filtrando metales pesados en la zona.

A pesar de la sanción, el 19 de julio de este año, los inspectores del OEFA visitaron la mina y encontraron que esta seguía procesando oro con cianuro, mercurio y zinc, aprovechando un vacío legal en la medida cautelar de cierre. Este hecho alteró los ánimos de los pobladores e iniciaron una protesta bloqueando el transporte público en Puno.

El presidente Vizcarra también se pronunció sobre este caso en su mensaje a la Nación. “Esta semana se terminó el cierre de la unidad minera Arasi en Puno. No podrá seguir operando, vamos a garantizar el respeto por las personas y el medio ambiente”, dijo.

El mandatario se refiere a la reunión que sostuvieron el viernes 26 de julio los ministros de Energía y Minas, Francisco Ísmodes; de Ambiente, Lucía Ruiz Ostoic; y de Vivienda, Miguel Estrada Mendoza; con el gobernador puneño Walter Aduviri y con las autoridades locales de Melgar. Al término del encuentro se difundió en la prensa el levantamiento de la medida de protesta, pero lo que en realidad se ha acordado es una tregua de 15 días.

TREGUA. El viernes 26 de julio, dos días antes del mensaje presidencial, los ministros de Ambiente, Transporte y Energía y Minas suscribieron un acta con los dirigentes de Puno.

Foto: Rigoberto Ccama

El mismo 26 de julio el Estado firmó la Resolución Directoral 01110-2019-OEFA/DFAI para asegurar el cierre de la mina. El documento, al que tuvimos acceso, amplía los alcances de la primera sanción para que sea efectiva, pero le da un plazo de 180 días a la empresa y la opción de presentar un recurso de reconsideración y apelación.

En el acta de la reunión firmada por los asistentes se señala que la tregua es para emitir una nueva resolución que asegure la paralización inmediata de Arasi. Además, el alcalde de Melgar, Esteban Álvarez Ccasa, pidió que se evalúe el retiro de las minas Santo Domingo, Huacoto y Águilas que también se ubican en la cabecera de cuenca.

Por su parte, el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, solicitó que se descontamine la zona y se indemnice a las familias. “Ni el gobierno regional ni los municipios han contaminado a Llallimayo, la responsabilidad es de la minera y esta debe hacerse cargo”, añadió.

En Arequipa, Moquegua y Cusco

Los afectados en Llallimayo fueron uno de los grupos que marcharon en la región sur en solidaridad con el Valle de Tambo, en Arequipa, donde hoy se cumplen 15 días de paro indefinido en contra del proyecto minero Tía María, propiedad de la compañía Southern, del Grupo México. 

En diálogo con Ojo-Publico.com, el alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, lamentó que el presidente Vizcarra no haya mencionado el conflicto en Tía María en su mensaje por Fiestas Patrias. “Sería una buena opción que la nueva Ley General de Minería apueste por el desarrollo de los pueblos, que no se abran tajos sin control y se sinceren los precios por la extracción de nuestros recursos minerales. Pero esto es muy aparte de las protestas por Tía María. Acá el pueblo pide que se anule su licencia", agregó.

AREQUIPA. Las protestas contra el proyecto Tía María, propiedad de la empresa Southern Copper, continúan en Arequipa. Van 16 días de paro indefinido.

Foto: El Búho.​

También durante las últimas semanas, en Moquegua, la federación de agricultores y la junta de usuarios de agua lideraron protestas contra la minera Anglo American y su proyecto Quellaveco, que está en fase de construcción. Desde la quincena de julio, los manifestantes -que también expresaron su respaldo a los agricultores de Tía María- han salido a las calles para exigir que la empresa cumpla el compromiso de comprar productos a empresas locales y contratar a trabajadores de la región.

El presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo (Fedip), Emilio Callata, indicó que la construcción de la mina está contaminando el agua y los pastizales. La minera Quellaveco respondió a través de un comunicado donde asegura haber empleado a 4.946 moqueguanos en el proyecto, y que ha comprado bienes y servicios a negocios locales por un valor de S/12 millones mensuales.

De otro lado, en Cusco, se registraron otros dos conflictos mineros que involucran diferentes demandas. El primero es promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Minera Hudbay (Sutramicoh), quienes el pasado 23 y 24 de julio paralizaron sus actividades exigiendo el pago de un bono compensatorio por las utilidades que reciben en la explotación del proyecto Constancia, ubicada en la provincia de Chumbivilcas.

CUSCO. Los habitantes de la comunidad Tintaya Marquiri piden que Antapaccay cumpla los acuerdos laborales y de desarrollo social ofrecidos hace seis años.

Foto: Vidal Merma / Ojo-Publico.com

Según el secretario del sindicato, Edgard Galarreta Muñoz, la empresa canadiense Hudbay les pagó una parte de las utilidades que les correspondía por el periodo 2018, año en que la producción de cobre, plata y molibdeno se incrementó. Los 312 agremiados han acordado acatar el paro convocado por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros del Perú para el próximo 10 de setiembre.

El segundo conflicto cusqueño estalló en diferentes distritos de Espinar, provincia que convive con la minería desde hace 36 años. Aquí los habitantes de las 12 comunidades del área de influencia del proyecto Coroccohuayco, que impulsa la suiza Glencore como una extensión de su mina Antapaccay, exigen que se realice la consulta previa a esta ampliación minera. En tanto, la comunidad campesina de Tintaya Marquiri pide a la misma empresa que cumpla los acuerdos laborales y de desarrollo social ofrecidos hace seis años.

“Tenemos múltiples mesas de diálogo, pero en estos años no hemos visto desarrollo para Espinar. Antapaccay ha incumplido los compromisos referidos a prestación de servicios de empresas comunales, cupos laborales, entre otros”, dice el presidente de dicha comunidad, Javier Alccamari, quien encabezó una marcha contra la minera el pasado 18 de julio.

INASISTENCIA. Las autoridades y dirigentes comunales de Espinar cancelaron la última reunión ante la inasistencia del ministro de Energía y Minas y los gerentes de las mineras.

Foto: Captura Ojo-Publico.com

En mayo, a través de la Resolución Ministerial N° 165-2019, el Ejecutivo creó una mesa de diálogo con las autoridades locales para solucionar las demandas que tienen sus comunidades respecto a la actividad minera de las empresas Glencore-Antapaccay, Hudbay, MMG-Las Bambas y Brexia Gold Plata.

Los reclamos contra los proyectos mineros Coroccohuayco y Antapaccay debieron ser debatidos el 19 de julio en uno de los cuatro subgrupos de trabajo de la mencionada mesa de diálogo, el cual se denomina “Consulta previa y corredor minero”. Sin embargo, según el acta de asamblea firmado aquel día, no se contó con la presencia de las máximas autoridades del Ministerio de Energía y Minas ni con los cuatro gerentes o representantes de las compañías mineras, tal y como se había acordado en la reunión previa del 5 de julio.

El alcalde provincial de Espinar, Lolo Arenas Armendáriz, y los dirigentes de los frentes de defensa y de las comunidades han reprogramado el encuentro para el próximo 6 de agosto.

A tres años de revelarse el Caso Panama Papers, el Ministerio Público de Perú formalizó la primera investigación penal en el Poder Judicial, derivada de dicha publicación periodística, en contra del empresario Luis Armando Barrera Palacios (65), detenido ayer de manera preliminar por el presunto delito de lavado de dinero. Dicho personaje manejaba por lo menos seis sociedades offshore en EE.UU., Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas.

Frente al pedido fiscal, el juez Richard Concepción Carhuancho dispuso la captura preliminar de Barrera Palacios, su esposa Rosa Macchiavello Teevin (57), y sus hijos Luis (33) y Giuliana Barrera Macchiavelo (30). La División de Lavado de Activos de la Policía (Dirila) se hizo cargo de las detenciones de Barrera Palacios, quien se encontraba en su domicilio en San Isidro, y de su hijo Luis Barrera antes de llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El equipo liderado por la fiscal Yovana Mori de la Primera Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos y el coronel PNP Ángel Toledo de la Dirila también capturó a Maura Jacinto Asto (49) y Roberto Reynaldo Rabanal Mendoza (56), quienes ocupan cargos gerenciales en empresas nacionales de dicho grupo familiar. Macchiavello Teevin y Giuliana Barrera aún se encuentran libres por residir en EE.UU., dijeron fuentes que participaron en el operativo.

En la diligencia también se incautaron 25 inmuebles y se allanaron otras 10 propiedades en diferentes ciudades de las regiones de Lima y Áncash. En esta última localidad, según conoció Ojo-Publico.com, las diligencias estuvieron a cargo del coronel PNP Edwin Monroy y el fiscal especializado en lavado de activos José Carlos Quezada.

INVESTIGACIÓN. La Fiscalía investiga a la división peruana del estudio legal Mossack Fonseca y sus clientes por crear "estructuras secretas" en paraísos fiscales.

Composición: Ojo-Publico.com

La revelación del Caso Panama Papers, en abril del 2016, permitió conocer los vínculos de Barrera Palacios y su esposa con las offshore Austin International Estate y Blue Fire Financial Equities. Ambas empresas fueron registradas entre los años 2006 y 2010, de acuerdo a la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodista de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, de la que fue parte Ojo-Publico.com en Perú.

Las pesquisas de las autoridades sobre Barrera Palacios y su círculo íntimo empezaron con un reporte de operaciones sospechosas (ROS) emitido por una entidad bancaria sin identificar ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El documento alertó en el año 2012 de una serie de transferencias bancarias por un total de US$80 millones desde las Islas Vírgenes Británicas hacia las compañías peruanas lideradas por Barrera Palacios, según relataron fuentes vinculadas a la investigación.

A estas empresas en las Islas Vírgenes Británicas se suma una tercera sociedad creada en un paraíso fiscal. El 14 de octubre de 2013, Macchiavello Teevin y Giuliana Barrera asumieron la dirección de la offshore Bernay Properties INC, que fue constituida dos meses antes en Panamá con un capital de US$10 mil. La administración de esta sociedad, según los registros panameños, también incluye a Rosario del Pilar Vallejos Hinojosa (58).

OFFSHORE. La esposa e hija de Luis Armando Barrera Palacios, detenido por orden judicial, están registradas como directoras de Bernay Properties INC, una sociedad fundada en Panamá. 

Documento: Registro Público de Panamá.

Ojo-Publico.com finalmente identificó otras tres offshore vinculadas a los esposos Barrera Palacios y Macchiavello Teevin en la jurisdicción estadounidense de Florida. Las sociedades Onega Global LLC, Onega Global II LLC y Collins 2154 LLC fueron creadas entre los años 2011 y 2017 y registran como representantes a dicha pareja, según el archivo de la División de Compañías del Departamento de Estado de Florida.

EE.UU. Los esposos Luis Barrera Palacios y Rosa Macchiavello Teevin están vinculados a tres empresas en el estado de Florida desde el año 2011. 

Documento: División de Compañías del Departamento de Estado de Florida

Las diligencias del Ministerio Público y la Dirila de Perú forman parte del Caso Panama Papers, que el despacho de la fiscal Mori García investiga desde el año 2017, luego de que el ICIJ y medios internacionales como Ojo-Publico.com publicaran la filtración más grande en la historia del periodismo. Las pesquisas fiscales consideran a la firma legal Mossack Fonseca (hoy dada de baja tras estas revelaciones) y a su delegación en el Perú como una organización criminal dedicada al lavado de dinero.

La lista de otros investigados por la Fiscalía comprende a 11 grupos de personas citadas en los Panama Papers, entre ellos los empresarios madereros Drago e Ivo Bozovich Noriega; la empresaria pesquera Laila Gaber Boschiazzo; el dueño de la minera Casapalca, Alejandro Gubbins Granger; el exgerente de la inmobiliaria Los Portales, Eugenio Dunezat; el propietario de embarcaciones pesqueras Fernando Barreto Paredes; y los operadores de la exportación de oro sospechoso de Puno y Madre de Dios, Miguel Chamy Román y Jorge Zavaleta Vargas.

*Con la colaboración de Magali Estrada.

Un total de 24 llamadas telefónicas entre el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas y los miembros de la organización criminal conocida como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ fueron utilizadas como sustento por el Poder Judicial para ordenar el impedimento de salida del Perú de quien hasta ahora ejerce uno de los máximos cargos del Ministerio Público.

El mandato del Poder Judicial, solicitado por el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, también alcanzó a Orlando Velásquez Benites, expresidente del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). 

La investigación del Ministerio Público contra Gálvez empezó el 26 de septiembre del 2018, es decir hace casi un año, y está basada en cuatro gestiones, supuestamente irregulares, que realizó con el exjuez de la Corte Suprema, César Hinostroza Pariachi, presunto cabecilla de dicha organización, y hoy sometido a un proceso de extradición desde España.

De acuerdo a la primera imputación –según el requerimiento fiscal al que accedió Ojo-Publico.com– Gálvez intercedió ante Hinostroza para favorecer a Segundo Nemecio Villalobos Zárate, integrante de las rondas campesinas de Moyobamba (San Martín), y quien se encontraba sentenciado por tenencia ilegal de armas. 

Según la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, esta imputación se basa en la declaración de Gálvez ante dicho despacho, así como en la brindada ante los medios de prensa y en cinco interceptaciones telefónicas realizadas por la Policía durante la tercera semana de marzo del 2018. En una de las llamadas, Hinostroza y Gálvez acuerdan verse para “ver el caso del rondero de San Martín”.

La segunda imputación fiscal dice que Gálvez solicitó al exjuez Hinostroza que “apoye a su amigo el fiscal anticorrupción Walther Javier Delgado Tovar" en un proceso judicial por violencia familiar. 

“Un favor para completar la chamba pe', lo de Waltercito para ver si lo apoyas ahí (...) la mujer que lo está jodiendo”, dijo Gálvez a Hinostroza en una conversación interceptada por la Policía. Para este caso, la fiscalía también consideró información brindada por diferentes publicaciones periodísticas sobre el caso, así como la declaración testimonial que brindó Delgado Tovar en el proceso por violencia familiar que tenía en el 12º Juzgado de Familia de Lima.

La tercera imputación indica que el exjuez Hinostroza pidió al fiscal Gálvez atender a su conocido, el empresario Mauricio Arrieta, quien afrontaba un proceso entre su compañía Corefo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). El registro de visitas del Ministerio Público permitió confirmar la reunión entre ambos implicados. 

VÍNCULO. Sustento de pedido de impedimento de salida del país contra fiscal supremo Tomás Gálvez evidencia cercanía con  César Hinostroza Pariachi. 

Documento: Ojo-Publico.com. 

Según el documento del caso, Gálvez derivó al “recomendado [Mauricio Arrieta]” al despacho del fiscal Jesús Fernández Alarcón, entonces a cargo del caso. Hoy, Fernández es coordinador del Equipo Especial que sigue las pesquisas del Caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’. En los elementos de sustento también se consideraron cinco llamadas efectuadas entre César Hinostroza y Tomás Gálvez realizadas finales de enero e inicios de febrero del 2018.

La cuarta imputación del Ministerio Público se basa en la declaración de un testigo protegido que dijo que el entonces presidente del CNM, Orlando Velásquez, realizó coordinaciones secretas con Guido Águila, otro consejero de la misma desaparecida entidad, para apoyar en su postulación como fiscal superior penal de Lima a Walther Delgado, quien habría sido “patrocinado” por Gálvez ante el CNM. 

En ese sentido, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía identificó tres conversaciones entre Gálvez y miembros del CNM durante esta convocatoria. 

El Ministerio Público también concluyó que las coordinaciones irregulares entre Gálvez y Velásquez del desactivado CNM fueron realizadas como parte “de los objetivos de una organización criminal” que incluyó otras nueve llamadas telefónicas. 

Como parte de su cobertura de los ‘Audios de la corrupción’, Ojo-Publico.com reveló que el fiscal Gálvez admitió reuniones en su casa y su oficina con José Cavassa Roncalla, operador en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y en el Consejo Nacional de la Magistratura entre el 2015 y 2017. 

El fiscal supremo no reportó sus citas secretas con Cavassa hasta mucho después de que la Policía tenía grabadas sus conversaciones. Luego de revelarse las primeras escuchas que comprometían a funcionarios del Poder Judicial, Gálvez recién acudió a la fiscalía para denunciar a Cavassa.

La querella por difamación que Miguel Arévalo Ramírez, con antecedentes por lavado de dinero del narcotráfico y a quien la Policía llama 'Eteco', planteó contra Óscar Castilla (director ejecutivo de Ojo-Publico.com) y Edmundo Cruz (La República) ingresó a la recta final en el Poder Judicial. Ayer el 5 Juzgado Penal de Lima realizó una audiencia para conocer los alegatos finales de ambas partes antes de concluir el proceso.

En la diligencia dirigida por la jueza Celia San Martín estuvo Arévalo Ramírez y su abogado Gabriel Alejandría; Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal (IDL), por los periodistas Castilla y Cruz; y la defensa legal de La República por Gustavo Mohme Seminario y César Romero, director y periodista de dicho medio, también querellados. Esta demanda penal es una de las cuatro que Arévalo, usando pasaporte de EE.UU., ha planteado en diferentes juzgados de la Corte Superior de Lima desde el 2017.

Carlos Rivera dijo que los artículos de Ojo-Publico.com y La República que el 2016 revelaron las pesquisas de la DEA de EE.UU. y la Dirección Antidrogas (Dirandro) de Perú en contra de Arévalo, están basados en documentos oficiales del Estado y fueron de interés público para la ciudadanía por el grave problema que abordan, el narcotráfico en el país; el contexto político de entonces (la elección presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski); y las diversas investigaciones fiscales y policiales que el demandante ha tenido por dicho delito.

Libertad de prensa bajo amenaza

Rivera además indicó que: “la libertad de expresión en el Perú esta bajo amenaza. El demandante está tratando de instrumentalizar a la justicia para reprimir al periodismo libre e independiente, que en este caso cumplió con protocolos de verificación rigurosos para trasladar información oficial a la sociedad. Los reportajes son de interés público porque revelan hechos política y socialmente importantes. ¿Acaso hay ánimo de difamar? Que no le guste al señor Arévalo ese es otro tema”.

El abogado de Castilla y Cruz afirmó que Arévalo utiliza a la Corte Superior de Lima para elegir al juzgado que le pueda ser más favorable y recordó que el demandante presentó el 2016 su primera querella en Tocache (San Martín), la cual fue enviada al 11 Juzgado Penal de Lima. Entonces, este despacho convocó a ambas partes a una audiencia de presentación de cargos, pero ni Arévalo o su abogado acudieron. Luego, presentaron denuncias en el 5 y el 15 Juzgado Penal de Lima por los mismos hechos, y en el 29 Juzgado Penal de Lima.

“¿Puede un demandante usar el sistema de justicia así, para ruletear querellas? Obviamente, la ley no lo permite. Nosotros ya presentamos un pedido de sobreseimiento en el 5 y el 15 Juzgado Penal de Lima por juzgarse dos veces (Non bis in idem) las mismas investigaciones publicadas en Ojo-Publico.com y La República. Esto es fraude a la ley, una estrategia maliciosa para ver qué demanda me liga y en cuál encuentro un juez que castigue a los periodistas”, señaló Rivera.

Luego, la jueza San Martín dio la palabra a Arévalo, quien procedió a presentarse como un perseguido por los medios de prensa desde que El Comercio revelará el 2006 por primera vez sus antecedentes con el narcotráfico. Además, culpó a Castilla y a Cruz por las investigaciones publicadas a días de la segunda vuelta entre Fujimori y Kuczynski, a tal punto que apuntó con el dedo al primero de los periodistas recibiendo un llamado de atención por parte de la magistrada.

“Señor Arévalo le agradecería que usted se refiera a mi persona no a los asistentes”, dijo la titular del 5 Juzgado Penal de Lima. Inmediatamente después Arévalo negó cualquier relación con el tráfico de drogas: “Nunca fui [narcotraficante], no lo soy ni lo seré… nunca en mi vida me han llamado ‘Eteco’”. En determinado momento la jueza San Martín hizo una pausa en los alegatos de Arévalo y lo interrogó por sus antecedentes fiscales y policiales por lavado y narcotráfico.

-Señor Arévalo, con la finalidad de esclarecer [las dudas] le voy a formular una pregunta: ¿usted ha sido investigado alguna vez por algún delito?

-Nunca doctora.

-¿Y cuando usted se refiere a los fiscales [que han investigado sus casos]?.

-Ah, no, no.

-Aclare.

-Es que a raíz de una difamación en el 2006 [como Arévalo califica a un reportaje de la Unidad de Investigación de El Comercio] me iniciaron investigación en el Perú.

-¿Por qué delitos?

-Por lavado de activos y narcotráfico, pero se archivaron.

-¿Entonces sí tuvo investigaciones?

-Sí, pero a raíz de la difamación.

Silenciar al periodismo

A continuación, la jueza brindó la palabra a Óscar Castilla, quien dijo: “En los casi 20 años que tengo como periodista he visto el mismo patrón: denunciar a un medio cuando este investiga casos de crimen organizado. Ocurrió con Fernando Zevallos y Rodolfo Orellana. Hoy sabemos cómo acaban esas historias… Nosotros investigamos al señor Arévalo en base a fuentes oficiales. Si él quiere querellar a alguien que busque a las unidades de inteligencia de la Dirandro, a la DEA en Lima, a los fiscales o al juez que autorizó las escuchas antidrogas en su contra, y no a los casi 10 periodistas que denunció en diferentes juzgados de Lima”.

Inmediatamente después, Edmundo Cruz –reconocido reportero de la prensa investigativa en Perú– señaló: “asi como la misión del médico es curar a los enfermos, el periodismo tiene como función dar a la sociedad información noble y útil. Noble porque la información en este caso estaba verificada... era nueva y no se refería a los archivos de casos anteriores (citados por Arévalo), y útil porque en los días de la publicación la situación era especial al estar relacionada con el derecho que tenemos a elegir [bien informados] a nuestras autoridades”.

Finalmente, Cruz dijo: “Somos intermediarios entre los hechos y la sociedad, con la responsabilidad de darle la información que necesita saber para que pueda orientarse en temas como este: el narcotráfico, que es un poder económico en el Perú… ¿Cuál ha sido la respuesta? Procesos en varios juzgados con pedidos de reparación de 100 millones de dólares para amedrentarnos y silenciarnos. Eso sí viola nuestro trabajo… Nosotros no sentenciamos [pero tampoco]... podemos permanecer impasibles”.

Al término de la audiencia la jueza San Martín dejó el caso listo para emitir su fallo final en las próximas semanas o meses, así como para resolver el sobreseimiento pedido por la defensa de los periodistas Castilla y Cruz.

A través de una carta notarial, el accionista y gerente general de NIISA Corporation, Moisés Martín Alfaro Barreto (56), dijo que las denuncias del Ministerio Público contra su empresa fueron archivadas “luego de un riguroso control y verificando que nuestro actuar siempre se encuentra acorde a la ley”. Sin embargo, Ojo-Publico.com, en el marco de la investigación regional “La leche prometida”, accedió a una sentencia judicial que contradice al dueño de la principal proveedora del Vaso de Leche en el Perú.

El Poder Judicial condenó en marzo último a Alfaro Barreto y a uno de los trabajadores de NIISA Corporation, Edwin Ruiz Lozada (39), a cuatro años de prisión suspendida por coludirse con funcionarios de la Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso. La Corte Superior del Callao concluyó que las coordinaciones ilícitas entre las partes beneficiaron a dicha empresa en la adjudicación de un contrato por US$184 mil en marzo de 2011, en su calidad de proveedora del Programa del Vaso de Leche (PVL).

CONDENA. Poder Judicial ordenó cuatro años de prisión suspendida al gerente de NIISA Corporation y a uno de sus trabajadores por colusión en el Vaso de Leche. 

Documento: Ojo-Publico.com

El fallo emitido por el juez del Callao Gino Paolo Delzo Livias determinó que las bases de este proceso de selección fueron “elaboradas desde una computadora ubicada dentro de las instalaciones de NIISA Corporation”, en base a las pericias presentadas por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, y los informes elaborados por la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía (Divindat), tras el allanamiento del local de NIISA Corporation en 2011.

La Ley de Contrataciones del Estado dice que las bases integradas deben ser elaboradas por un comité de selección, que en el caso de la municipalidad chalaca estaba integrado por Patricia Flores Medina (42), Bernabe Tenorio Parco y José de la Torre Céspedes (52). Sin embargo, la Divindat y la Fiscalía identificaron al usuario “eruiz” como autor de este documento en formato Word alojado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).

EVIDENCIA. La División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía detectó que las bases fueron creadas por un trabajador de NIISA Corporation. 

Documento: Seace.

El documento de este caso, al que tuvo acceso Ojo-Publico.com, señaló que la Policía halló el mismo usuario “eruiz” en uno de los discos duros extraídos de la computadora incautada a NIISA Corporation. El trabajador de dicha empresa, Edwin Ruiz Lozada, en declaraciones a las autoridades y tras negarlo en un primer momento, reconoció que utilizó “el usuario ‘eruiz’ para cumplir sus funciones” en la compañía hoy gerenciada por Alfaro Barreto.

La Fiscalía Anticorrupción acreditó que los integrantes del comité de selección “abdicaron a sus funciones al no elaborar las bases integradas (...) para que sean estos [NIISA Corporation] quienes elaboren [los documentos] con las condiciones técnicas convenientes para la empresa y salgan favorecidas con el otorgamiento de la buena pro”. El juzgado del Callao condenó a Flores Medina y De la Torre Céspedes (funcionarios del municipio citado) a cinco años de prisión, mientras que reservó su decisión para Bernabe Tenorio hasta su captura.

CONTRATOS. La empresa NIISA Corporation es la principal proveedora de insumos para el programa del Vaso de Leche en el Perú. 

Ilustración: Rocío Urtecho.

La decisión judicial además se sustenta en las llamadas telefónicas entre Flores Medina y De la Torre Céspedes con los dos representantes de NIISA Corporation. El Ministerio Público, representado en el juicio oral por el fiscal Francisco Alarcón Solís, identificó incluso que Ruiz Lozada (el empleado de NIISA) y Flores Medina hablaron por teléfono celular “el mismo día y antes de que se lleguen a colgar las bases integradas al sistema del Seace”.

La Divindat, por su parte, advirtió que en el disco duro de la computadora de NIISA Corporation también se encontraron las “bases integradas de otras municipalidades”, que fueron creadas y modificadas por el usuario “eruiz”. Ojo-Publico.com conoció que el sistema de antecedentes del Ministerio Público también registró investigaciones contra Martín Alfaro Barreto por el presunto delito de colusión en las fiscalías anticorrupción de Lima Norte y Sur en 2011.

Las pericias presentadas por la Fiscalía además concluyeron que la leche vendida por NIISA Corporation a la municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso “no corresponden al valor del mercado”. El informe de los peritos Santiago Acosta Chumpitaz y Argernón Velapatiño Ayala identificaron sobrecostos de entre US$1.000 y US$4.000 en la entrega de leche evaporada en comparación con la brindada a los distritos de San Miguel, Chaclacayo y Surquillo.

CONTRADICCIÓN. El gerente general de NIISA Corporation, Moisés Alfaro Barreto, aseguró que las investigaciones contra él y su empresa fueron archivadas.

Documento: Carta notarial de NIISA Corporation.

La sentencia del Callao además prohibió que Alfaro Barreto y Ruiz Lozada se ausenten del lugar donde residen sin autorización judicial, y los obliga a comparecer cada mes ante el juzgado. El fallo del juez Delzo Livias también ordenó el pago de US$18.000 de reparación civil que deberá ser abonada por NIISA Corporation como tercero civil responsable junto a Alfaro Barreto, Ruiz Lozada y los demás condenados. A pesar de que Ojo-Publico.com consultó en reiteradas ocasiones sobre el estado de este caso, la Procuraduría Anticorrupción decidió no brindar información al respecto.

Finalmente, en el mismo caso, el juzgado del Callao condenó a Carlos Javier Ceras Rojas (38), exintegrante suplente del proceso de licitación y entonces subgerente de logística de la municipalidad, a cinco años de pena privativa de la libertad. La resolución judicial señala que Carlos Ceras recibió las bases integradas en un correo enviado por De la Torre, y que estas fueron publicadas en el Seace desde una computadora que no corresponde a la Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso.

El 19 de abril de 2010, alrededor de las 8:30 de la mañana, el auto de color gris oscuro que conducía Celeste Maribel Velarde Ylasaca (42) colisionó con las rejas de un local ubicado a la altura del óvalo Los Cóndores, en el distrito de La Molina. Según el registro policial del accidente, el vehículo conducido por la entonces bailarina de programas de farándula y centros de entretenimiento se despistó tras ser impactado por un segundo auto, manejado por una persona identificada como Francisco Roberto Rojas, de nacionalidad argentina.

El accidente no hubiera trascendido en el historial de incidentes de la comisaría de La Molina si no fuera por dos hechos determinantes. Inicialmente, la Policía concluyó que el ciudadano argentino persiguió y embistió de manera intencional, pero por razones hasta hoy no esclarecidas, al auto de Maribel Velarde. Luego, las autoridades de la comisaría identificaron que los nombres, apellidos y el pasaporte entregados el día del accidente vehícular por el presunto ciudadano argentino eran falsos.

JUICIO. Las audiencias del proceso contra Maribel Velarde se realizan en la Sala Penal Nacional. El tribunal culminó la etapa de testimoniales y ahora pasará a revisar las pericias del caso por lavado de dinero. 

Foto: Ernesto Cabral / Ojo-Publico.com

Francisco Roberto Rojas era el alias usado por el peruano Gino Tello Otiniano, hasta ese entonces en la clandestinidad tras ser involucrado dos años antes –en marzo de 2008– en el decomiso de cerca de dos toneladas de cocaína. Sus antecedentes se remontaban a 1997, cuando las autoridades lo sindicaron, junto a su hermano Gary Tello Llontop, por enviar medio kilo de cocaína al extranjero, según los archivos de la Policía Antidrogas revisados por Ojo-Publico.com.

El 21 de abril de 2010, dos días después de que la Policía descubriera la real identidad de Gino Tello tras el accidente con Maribel Velarde, el cuerpo del presunto narcotraficante fue encontrado en un edificio de San Miguel, con una pistola calibre 9 milímetros en su mano. La Policía determinó que, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche de aquel miércoles, Tello se había suicidado con un disparo en la cabeza.

ANTECEDENTES. Gino Tello fue involucrado por la Dirandro en la organización criminal que intentó enviar al extranjero casi dos toneladas de cocaína camuflada en colchones.

Documento: Ojo-Publico.com.

Casi nueve años después de estos incidentes, la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Lavado de Activos ha acusado a Maribel Velarde y a otras 16 personas como blanqueadores del dinero de una organización dedicada al tráfico de drogas, liderada por narcotraficantes de Ecuador, Colombia y Perú. De acuerdo al Ministerio Público, la banda estuvo integrada, entre otros, por su expareja el fallecido Tello Otiniano, jefe de seguridad de la agrupación y encargado del transporte y acopio de la droga.

Ojo-Publico.com reconstruyó –tras revisar los archivos de la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro), de la Procuraduría Antidrogas y del Ministerio Público– el caso conocido como Nube Negra. La investigación por el presunto lavado de activos, que inició la fiscal superior Luz Peralta Santur en 2013, está en juicio oral desde mayo de 2018 en la Primera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado. En este caso, Maribel Velarde es la protagonista más mediática.

Casos Paraíso y Nube negra

Según la acusación de la Dirandro y la Fiscalía, Maribel Velarde fue la presunta encargada de lavar el dinero ilícito obtenido por Tello Otiniano, sindicado como uno de los cabecillas de la organización junto con el confeso narcotraficante Numa Soto Sánchez (54), los ecuatorianos Pedro Bejarano Alvarado (56) y Daniel Hernández Barreto, y el colombiano Jaime Gaviria Vásquez.

En 2008 la Policía Antidrogas realizó una de las mayores intervenciones contra esta mafia. En el marco de la Operación Paraíso, la Dirandro incautó casi dos toneladas de cocaína dentro de 2.000 paquetes camuflados dentro de colchones, en dos inmuebles de La Molina y el Callao. El atestado detalla que Tello Otiniano coordinó el traslado de la droga junto con su hermano Gary Tello Llontop, siendo además el representante de esta organización ante los cárteles de la droga de Colombia y México.

PARAISO. En 2008 la Dirandro decomisó a la organización del peruano Numa Soto Sánchez cerca de dos toneladas de cocaína camuflada dentro de colchones. 

Foto: Policía Antidrogas.

Tres meses después, en junio de 2009, la Policía de Panamá halló más de 200 paquetes con cocaína escondidos en una embarcación con destino a Holanda. La División de Investigación del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas (Divitid) de la Dirandro concluyó que este contenedor fue ‘preñado’ en el puerto del Callao por la organización integrada, entre otros, por Numa Soto Sánchez. Luego de estos dos operativos, Tello Otiniano estuvo en la clandestinidad hasta su accidente vehícular con Maribel Velarde en abril de 2010.

En su declaración de 2010 ante la División de Lavado de Activos de la Dirandro (Dirila) Maribel Velarde negó saber que la real identidad del falso ciudadano argentino Francisco Roberto Rojas correspondía a la del presunto narcotraficante Gino Tello. Según su relato, revisado por Ojo-Publico.com, la exbailarina conoció a Tello Otiniano en abril de 2009 bajo el nombre de Francisco Roberto, durante el show que brindó en un tragamonedas.

ACUSADA. La Fiscalía solicita 25 años de prisión contra la exbailarina Maribel Velarde por el presunto delito de lavado de dinero del narcotráfico.  

Documento: Ojo-Publico.com.

Dos semanas después del primer encuentro, según la manifestación de Velarde, se volvió a reunir con el supuesto argentino en el centro comercial Jockey Plaza. En total tuvieron ocho citas posteriores en restaurantes “pero solo como amigos”. En junio del 2011, Velarde cambió de versión y admitió en el programa de Magaly Medina que Gino Tello era el padre de su hijo. “[Gino Tello me decía] que se dedicaba a la venta de autos”, aclaró la exbailarina en aquella entrevista.

La entonces bailarina fue detenida un año después. En 2012, la Dirandro y el fiscal adjunto antidrogas Juan Rosas capturaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a Maribel Velarde, quien regresaba desde Cartagena (Colombia). Su captura era parte del operativo Nube Negra. En simultáneo, el Octavo Juzgado Penal del Callao ordenó la captura en Lima de otras cuatro personas. Velarde solo estuvo detenida 18 días.

Las imputaciones por lavado de dinero

La historia pública de Maribel Velarde se remonta a fines de los 90’, cuando trabajó como bailarina en programas cómicos de televisión como ‘El Reventón de los Sábados’. Sus antecedentes penales, en cambio, inician en 2005 cuando el Poder Judicial la condenó a tres años de prisión suspendida por recibir transferencias de dinero ilícito del excajero del Banco Continental, Cromwell Gálvez. La fiscal Peralta además resalta en su acusación los vínculos de Velarde con personajes “al margen de la ley”.

Maribel Velarde fue relacionada con José Quispe Huamán ‘Chakira’, capturado por asaltar casinos y bancos, y con Jaime Rojas Canevaro, quien registró antecedentes por narcotráfico. En 2014, La República reveló la relación de la exbailarina con el narcotraficante Marco Rengifo Díaz ‘Polanco II’. De todos los anteriores, dos acabaron suicidándose –el ya citado Tello Otiniano (2010) y Rojas Canevaro (2012)– mientras ‘Polanco II’ fue abatido por la Policía en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) en 2014.

VÍNCULO. Maribel Velarde es acusada de lavar dinero del fallecido Gino Tello Otiniano, presunto narcotraficante integrante de una organización criminal con Numa Soto Sánchez.

Foto: Maribel Velarde.

En marzo de 2013, ya en libertad luego del operativo Nube Negra, Velarde obtuvo el grado de licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Privada San Juan Bautista. Cinco años después, también egresó como bachiller en Derecho por esta institución, llegando a tener estudios de maestría en Derecho en la Universidad de Medellín (Colombia). A inicios de 2017, Velarde –inscrita en el Colegio de Abogados de Lima (CAL)– llegó a asistir a las primeras cuatro audiencias públicas del juicio contra el Clan Sánchez Paredes, procesados por presunto lavado del narcotráfico.

Hoy, la acusación fiscal a la que accedió Ojo-Publico.com señala a Maribel Velarde como integrante de una red de 17 personas, que se encargó de lavar el dinero obtenido por la organización integrada por su expareja Tello Otiniano. El primer indicio contra la abogada corresponde a la diferencia entre sus ingresos y gastos entre los años 2003 y 2011. “Es evidente que ha tenido que recibir sumas de dinero de otra procedencia”, señala el informe elaborado por la Policía Antidrogas y citado por la fiscal Peralta.

ACUSADORA. La fiscal Luz Peralta Santur estuvo a cargo de la investigación contra la presunta red de lavado de dinero del caso Nube Negra, que incluye a Maribel Velarde, desde el año 2013.

Foto: Ministerio Público

El segundo indicio de la Fiscalía y Policía es la serie de irregularidades en la adquisición de un inmueble en La Molina. En su manifestación policial, Velarde admitió que era dueña del terreno desde 2002 pero “por problemas que tenía en Infocorp” y “un tema de impuestos” decidió venderlo en 2003 a Rómulo Gonzales Noblejas (65), un personaje vinculado al narcotráfico, según la Dirandro. Luego, el inmueble fue transferido a la hermana de la abogada, Maritza Velarde (51), quien pagó por este US$45 mil en efectivo.

En tercer lugar, la Policía halló siete letras de cambio por un total de US$8 mil emitidas entre enero y abril de 2003, para ser pagados por Maribel Velarde por orden de Gonzales Noblejas. La hoy abogada aseguró que eran préstamos recibidos para la compra de ropa en su empresa. La Policía descubrió un segundo paquete de 10 letras de cambio por US$50 mil, que Velarde admitió también corresponden a un préstamo a Gonzales.

Finalmente, la Dirandro concluyó que las hermanas Velarde crearon la empresa Dakid’s SAC en 2003, dedicada en teoría a la confección de ropa para niños, “con el único fin de aparentar que tenían una entidad formal, la cual solamente habría servido de fachada”. El despacho fiscal agrega que ninguna de las investigadas presentó los documentos contables suficientes para acreditar sus actividades económicas. A esto se suma que Maribel Velarde usaba una camioneta a nombre de su hermana Giovanna Velarde (38).

EXCLUIDA. En 2016 la fiscal Elizabeth Peralta no incluyó a Maribel Velarde ni a las hermanas de esta entre los acusados por lavado de dinero del narcotráfico. 

Documento: Ojo-Publico.com.

En una resolución de 2016, la fiscal del caso solo acusó a 12 personas por lavado, y declaró que no había mérito para que Maribel Velarde y sus hermanas Giovanna y Maritza, así como el esposo de esta última, Ivanohoe Velásquez, pasen a juicio oral. Casi un año después, en 2017, este despacho cambió de parecer y pidió una ampliación para incluir a este grupo de personas –excepto Giovanna Velarde– en el juicio. La disposición también incluyó a Leny Soto Rengifo (54) y Gonzáles Noblejas, y pidió 25 años de prisión para todos ellos y una reparación solidaria de S/500 mil.

El juicio continúa en la Sala Penal Nacional ante el colegiado conformado por los jueces René Martínez Castro, Edhin Campos Barranzuela y Jhonny Contreras Cuzcano. Ayer lunes la etapa de testimoniales culminó con la declaración de tres testigos sobre los contratos de Velarde y el accidente vehícular. Ojo-Publico.com acudió a la audiencia a recoger la versión de la procesada, pero esta no asistió. Abordamos a su abogado, pero este nos dijo sin identificarse: "Yo defiendo en el juicio, no en la prensa".

La exbailarina y hoy abogada aun tendrá tiempo para aplicar en la sala de audiencias lo que aprendió en sus clases de Derecho, mientras el caso ingresa a la etapa final que podría llevarla a prisión por una larga temporada.

Ciudadanos en general, entre ellos integrantes de colectivos y gremios de la sociedad civil y la academia, organizaciones regionales y estudiantes de diversas universidades de Lima, junto a personajes de la política nacional, salieron a las calles para respaldar el adelanto de elecciones generales.

La marcha, denominada #QueSeVayanTodos, llegó a pocas cuadras del Congreso de la República. Los manifestantes exigieron la aprobación de la reforma constitucional impulsada por el presidente Martín Vizcarra con el objetivo realizar las próximas elecciones el 2020.

La concentración de la movilización empezó a las 5:00 p.m., cuando un numeroso grupo de personas se congregó en la Plaza San Martín, en el centro de Lima, e inició una hora después un recorrido por diversas avenidas hasta alcanzar la sede del Ministerio Público, en la avenida Abancay, donde fue detenida por la policía montada, a pocos metros del Parlamento que hoy preside el congresista de Fuerza Popular, Pedro Olaechea.

La marcha nacional –impulsada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos- sucede en un contexto de crisis originada por los diversos casos de corrupción revelados en los últimos años y por un Congreso de mayoría fujimorista con niveles de desaprobación que alcanza el 88%, según la encuesta nacional urbano rural de agosto elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Consultado sobre la propuesta de elecciones en el 2020, Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la reforma, dijo a Ojo-Publico.com que los plazos que tiene el Congreso para cumplir con la propuesta presidencial son cortos y que en este mometno “los congresistas no tienen incentivos para aprobar la propuesta porque ya no habrá reelección”, indicó.

La marcha dejó estas postales sobre la indignación de colectivos y gremios que piden nuevas elecciones antes del Bicentenario de la Independencia.

RESGUARDO. Efectivos policiales llegaron a la Plaza San Martín antes de que los primeros asistentes a la marcha se congregaran para exigir el adelanto de elecciones. 

Foto: Ojo-Publico.com / Paula D'Angelo.

SÍMBOLO. Varios asistentes llevaron la bandera peruana sobre la espalda y otros la llevaron en sus manos durante varias cuadras del recorrido por el centro de Lima. 

Foto: Ojo-Publico.com / Alonso Balbuena. 

INDIGNACIÓN. Algunos manifestantes llevaron pancartas con figuras a favor del cierre del Congreso de la República y en contra de la mayoría fujimorista. 

Foto: Ojo-Publico.com / Alonso Balbuena. 

PARTIDO MORADO. Miembros de agrupaciones políticas también asistieron a la movilización 'Que se vayan todos', entre ellos Daniel Mora, exministro de Defensa. 

Foto: Ojo-Publico.com / Alonso Balbuena. 

COLECTIVOS. Los manifestantes se dirigieron por la avenida Nicolás de Piérola, en el centro de Lima, para iniciar la marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  

Foto: Ojo-Publico.com / Alonso Balbuena. 

PEDIDO. Vladimir Inumo, lider de la comunidad Shipibo-Conibo de Cantagallo, marchó y solicitó "al gobierno que adelante las elecciones". 

Foto: Ojo-Publico.com / Alonso Balbuena. 

DIVERSOS. Asistentes con disfraces y personas de todas las edades recorrieron las calles limeñas para exigir la reforma política y adelanto de elecciones. 

Foto: Ojo-Publico.com / Alonso Balbuena. 

GREMIOS. Representanes de sindicatos de trabajadores y docentes también asistieron a la movilización que se prolongó hasta las 9 de la noche. 

Foto: Ojo-Publico.com / Alonso Balbuena. 

En el Perú existen tres principales frentes de agresión a la libertad de expresión de ciudadanos, medios de comunicación y periodistas: el aparato legislativo, las querellas por difamación y la impunidad judicial. El Congreso de la República ha intentado en numerosas ocasiones afectar el libre desenvolvimiento y la libertad de expresión de ciudadanos, medios y periodistas a través de proyectos de ley y leyes, en particular aquellas que restringen la publicidad estatal en medios privados, que obligan a la colegiatura de periodistas y que aumentan las penas de cárcel por difamación.

Las querellas por difamación son también una herramienta utilizada para acallar  medios y periodistas, especialmente por parte de personas envueltas en casos de corrupción o abusos de poder de diversa índole. Finalmente, la impunidad y falta de justicia a lo largo del tiempo contra periodistas asesinados.

En el Perú ejercer el periodismo de investigación contra los poderosos es un trabajo de riesgo porque pone al Congreso en contra de los periodistas y la justicia no llega cuando son asesinados en ejercicio de su oficio.   

Ataques del Congreso

En el Perú se ha fortalecido la agenda legislativa ‘antiprensa’ desde el Congreso de la República. Esto se da como respuesta a las labores de investigación sobre los casos de corrupción Lava Jato y Lava Juez que ha llevado a cabo la prensa peruana, y que han terminado en investigaciones fiscales e incluso la cárcel para varios prominentes y poderosos políticos y jueces.

En este escenario, el politólogo Alberto Vergara ha considerado que la prensa “mayoritariamente se ha jugado por el Estado de derecho en una forma que, confieso, nunca pensé vería en el Perú” (El Comercio, 2019). En represalia se presentaron en los últimos años varios proyectos de ley con el objetivo de amordazar a los periodistas, aunque varios de ellos fueron retirados debido en parte a la oportuna reacción de organizaciones de la sociedad civil.

Los más recientes han sido el intento de colegiatura obligatoria de periodistas (junio 2018) para ejercer el periodismo, que atenta no sólo contra hombres y mujeres de prensa, sino ciudadanos no periodistas que tienen todo el derecho de ejercer su libertad de expresión a través de medios de comunicación masiva.

En el Congreso también se originó el proyecto de ley para prohibir que directores periodísticos, editores, productores, gerentes generales, accionistas u otros cargos similares ejerzan sus funciones en un medio de comunicación si tienen una sentencia firme que los haya condenado por corrupción en perjuicio del Estado (marzo 2017). Estos proyectos no se han convertido en ley.

Un nuevo proyecto de ley publicado este año y todavía vigente propone ampliar la pena de cárcel por difamación de un máximo de tres años actual a un rango de entre cuatro y siete años. De aprobarse, la difamación sería penada con cárcel en todos los casos. El congresista que ha propuesto este proyecto, todavía pendiente de ser discutido en una comisión del Congreso, es el mismo que propuso la colegiatura obligatoria de periodistas el año pasado.

Este proyecto de ley especifica que la pena también se aplicará a casos de difamación en redes sociales, que lo hace reiterativo, pues el Código Penal ya establece que la difamación se aplica a medios de comunicación sociales. Las redes sociales son medios de comunicación sociales. Debido a la inclusión de las redes sociales en este proyecto de ley, la iniciativa se ha tomado como una propuesta de norma sobre difamación en redes sociales, por lo que se ha caído en el error de no ver el espectro completo: que se busca ampliar la pena de cárcel por difamación.

En paralelo se ha presentado un proyecto de ley que propone despenalizar los delitos contra el honor. Así, sugiere reemplazar la pena de cárcel (por hasta tres años actualmente) por sanciones económicas. Incluye a las parodias, las sátiras y la opinión como prácticas exentas de ser causales de difamación. Se incluyen también, para casos de difamación, la prueba de la verdad, en la que el infractor quedará exento de sanción si prueba la verdad de sus afirmaciones, o haber hecho lo posible por llegar a ella.

El proyecto también propone procedimientos prejudiciales y judiciales para el derecho de réplica y rectificación con el fin de aclarar los pasos a seguir. El proyecto de ley está en sus primeros pasos, y por el reducido tamaño y alcance de la bancada que lo propone –Bancada Liberal– es difícil que llegue a comisión o a ser discutido en el Congreso.

Por otro lado, la propuesta de ley de publicidad estatal está encaminada. Luego de que el Tribunal Constitucional concluyera que la propuesta inicial, que prohibía la publicidad estatal en medios privados, era inconstitucional, se trabajó otro dictamen de ley que finalmente fue aprobado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso en mayo del 2019 y que ya no prohíbe la publicidad estatal en medios privados. En el dictamen actual se reconocen dos puntos principales favorables a la libertad de expresión: se priorizan los medios privados como receptores de publicidad estatal y se reconoce en el objeto de la ley “el derecho del ciudadano a ser informado”.

También se establecen condiciones para que la contratación de publicidad estatal responda a necesidades concretas, y se dirija a medios según su alcance y público objetivo. Sin embargo, quedan dudas respecto a la obligatoriedad de los medios de tener una autorización vigente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones –pues esto puede ser utilizado como amedrentamiento– y que aquellos que tengan deudas con el Estado no puedan ser elegidos para contratar publicidad estatal, debido a que pueden existir planes saludables de pago de deuda.

También por la obligatoriedad en el uso de centrales de medios, que pueden encarecer la contratación de espacios privados de publicidad para el Estado y tener control sobre lo que se publica y dónde. El dictamen ha sido reconocido como positivo por el presidente del Consejo de la Prensa Peruana, pues ha recogido diversas opiniones de organizaciones de la sociedad civil. Ya está listo para ser discutido en el Congreso, aunque no ha sido agendado.

Es poco probable que el Congreso priorice todos los proyectos de ley presentados debido a la aguda crisis política que atraviesa el país. En un contexto en el cual el presidente Martín Vizcarra ha propuesto adelantar las elecciones generales del 2021 al 2020, la atención del Poder Legislativo se centraría en el debate sobre la propuesta presidencial y, de ser aceptada, en los preparativos para las elecciones. Antes de este quiebre político se esperaba que el dictamen de la ley de publicidad estatal fuera discutido en el Congreso en el segundo semestre del 2019. Este podría ser el único que sea finalmente debatido y aprobado.

En septiembre del 2019 la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República creó un grupo para investigar a las encuestadoras locales. Las pesquisas durarán sesenta días y versarán sobre “la metodología y las acciones” de las encuestadoras y “posibles casos de manipulación propagandística”. Uno de los miembros de esa comisión, el congresista fujimorista Héctor Becerril, señaló que las encuestas “no están sujetas a regulación alguna”.

Esto se da luego de que en diversas encuestas se refleje la baja aprobación del Congreso (por debajo de 10%) y la alta aprobación por el adelanto de elecciones propuestas por el presidente Martín Vizcarra. Diversas voces han señalado que esta medida hostil tiene una motivación política.

Acciones judiciales contra periodistas

En lo que va del 2019 se han registrado numerosos casos de amedrentamiento contra periodistas y medios de comunicación, y se han arrastrado otros casos judiciales inconclusos que todavía no encuentran cauce en el sistema judicial peruano. El Consejo de la Prensa Peruana ha identificado querellas por difamación que no tienen sustento, pero que continúan en proceso. 

Caso Concejo cerrado: los medios de comunicación Ribereña Radio, Últimas Noticias, La Mega, entre otros, denunciaron en enero del 2019 que funcionarios municipales del distrito de Guadalupe, en la región norteña de La Libertad, impiden su ingreso a las sesiones de concejo. Los únicos periodistas permitidos son aquellos de la oficina de imagen institucional de la municipalidad.

Caso Alvarado: en marzo de este año el diario Correo de la región norteña de Lambayeque denunció que personal de la Policía Nacional del Perú agredió físicamente a una de sus periodistas, Ericka Alvarado. La periodista cubría una nota sobre una supuesta agresión de un policía a su pareja.

Caso Chambergo: en marzo una secretaria de juzgado querelló por difamación a la periodista Rosa Chambergo (Expresión) luego de que ésta publicara que habría una presunta falsificación de documentos para que el hijo de la secretaria obtenga una nueva identidad.

Caso Facebook: en marzo el periodista Gustavo Gorriti denunció un acto de censura de parte de Facebook cuando la transmisión que realizaba a través del sistema Live fue interrumpido. Gorriti respondía a ataques recibidos por el expresidente Alan García. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) contactó a Facebook para conocer los motivos del caso. La empresa sostuvo que sus “sistemas calificaron incorrectamente un link incluido en el texto como spam y consecuentemente eliminó el video”.

Caso Sodalicio: en abril del 2019 una jueza de la ciudad norteña de Piura condenó al periodista Pedro Salinas a un año de prisión suspendida y a pagar S/.80,000 de reparación civil (unos US$25,000) al arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, que lo había demandado por supuesta difamación agravada. Salinas y la también periodista Paola Ugaz publicaron en el 2015 el libro Mitad monjes, mitad soldados en el que investigaron abusos sexuales en el grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana, al que Eguren pertenece. Eguren luego desistió de la querella contra Salinas.

Antes de que Eguren cerrara el caso contra Ugaz, nuevamente desde Piura llegó una segunda demanda contra Ugaz por la supuesta comisión del delito contra la administración de justicia, en la figura de falso testimonio en el juicio contra Salinas, del cual Ugaz fue testigo. Ugaz había colaborado en un reportaje de investigación emitido por la cadena Al Jazeera, en el que se reveló una relación estrecha, a través de documentos e investigación, entre el Sodalicio y una empresa inmobiliaria vinculada al tráfico de tierras en Piura. La demanda contra Ugaz continúa en curso.

Caso Eteco: en abril de este año el Poder Judicial admitió una nueva demanda por difamación interpuesta por Miguel Arévalo Ramírez contra los periodistas Óscar Castilla (Ojo-Público.com) y Edmundo Cruz (La República) y dispuso el embargo preventivo de los bienes de ambos medios de comunicación. Ambos periodistas han investigado la relación de Arévalo, alias ‘Eteco’, con el narcotráfico, utilizando fuentes contrastadas, entre ellas la Drug Enforcement Administration de EEUU (DEA). Otros periodistas demandados por este caso son César Hildebrandt, Eloy Marchan, Américo Zambrano (Hildebrandt en sus trece); Gustavo Mohme (La República); Marco Zileri y César Pardo (Caretas); y Miguel Ramírez (El Comercio).

En mayo el Poder Judicial archivó dos demandas contra los periodistas, pero mantuvo la orden de embargo. En agosto los periodistas (Óscar Castilla y Edmundo Cruz) asistieron a una nueva audiencia en la que se presentaron los alegatos finales de ambas partes. La jueza del caso sostuvo que el fallo final será emitido en las próximas semanas o meses.

Caso Bustíos: también en abril el Poder Judicial ordenó un nuevo juicio contra el general en retiro, exministro y excandidato a la alcaldía de Lima Daniel Urresti por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos (Caretas) en 1988 durante la época del terrorismo peruano, tras 31 años de impunidad. En octubre del 2018 se absolvió a Urresti de la presunta coautoría del asesinato del periodista.

Caso López: en mayo inició el juicio por difamación contra el periodista Yofre López (Barranca.pe) de la provincia de Barranca, al norte de Lima. La jueza Juana Caballero lo querelló luego de que el periodista cuestionara su decisión de revocar la prisión preventiva del exalcalde de Barranca acusado por corrupción y por publicar una declaración jurada de la jueza donde figura su patrimonio. Ha solicitado tres años de cárcel y una reparación civil de S/.100,000 (unos US$30,000).

Caso Humala: en agosto el abogado del expresidente Ollanta Humala, investigado por corrupción en el marco del caso Lava Jato, señaló que llamará a directivos de medios de comunicación como testigos frente a un eventual juicio contra Humala. A Humala se lo investiga por lavado de activos por presuntamente haber recibido aportes de campaña de Odebrecht de la ilegal ‘Caja 2’. “Casi el 85% se gastó en propaganda en TV y diarios. Si la hipótesis fiscal es que se lavó dinero…”, dijo el abogado, señalando que los medios también habrían recibido dinero ilegal.

Caso IDL-Reporteros: en varios momentos del 2019, incluso hasta septiembre, se han registrado protestas y plantones en la sede de IDL-Reporteros y contra el periodista Gustavo Gorriti, uno de los principales líderes en la investigación contra casos de corrupción. Colectivos de ciudadanos, entre ellos fujimoristas, han protestado frente a la redacción del medio de comunicación y han acusado al periodista de “terrorista”. Similares casos ocurrieron también frente a las redacciones de El Comercio y La República.

Caso Ayala: después de 35 años, sigue impune el asesinato del periodista Jaime Ayala (La República), quien desapareció en una base de la Marina del Perú tras imponer un reclamo por el allanamiento de la casa de su madre durante la época del terrorismo en el Perú. Ayala ingresó a la base de la Marina pero nunca más salió. Varios testigos, incluyendo exmarinos, han declarado que Ayala fue torturado y asesinado.

Caso Choquepata: también sigue impune el caso del periodista David Choquepata, asesinado en el 2016 en su propia cabina de radio. La fiscalía ha archivado la investigación del crimen.

Caso Chacón: continúa el caso de investigación del Ministerio Público contra la estudiante de fotografía Daniela Chacón Ysla, quien es acusada del delito de apología al terrorismo, por el que se piden 15 años de prisión y una reparación civil de S/.500,000 (unos US$150,000) a favor del Estado. Chacón realizaba, hace dos años, un “experimento social”, como ella misma lo ha llamado, que consistía en pegar afiches del terrorista Abimael Guzmán y del exdictador Juan Velasco bajo el lema “héroe nacional”. El objetivo de la estudiante era recibir comentarios a través de un correo electrónico para generar un debate. La estudiante ha señalado que ha presentado todas las pruebas y testimonios que demostrarían su inocencia.

Caso CIDH: en septiembre del 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al gobierno peruano la demanda que ocho periodistas presentaron tras la compra de Epensa por parte de Grupo El Comercio en el 2013. El Estado tiene tres meses para presentar sus observaciones a una demanda presentada en el 2015. Esta notificación no supone prejuzgamiento sobre la admisibilidad de la petición.

Casos El Comercio: Empresa Editora El Comercio tiene abiertos diez casos de querellas por difamación con casos que se remontan hasta el 2013 por un total de S/.211 millones (más de US$63 millones).

Casos Epensa: Grupo Epensa tiene abiertos ocho casos de querellas por difamación con casos que se remontan hasta el 2015 por un total de casi S/.2 millones (caso US$600,000).

Transparencia y acceso a la información pública

Desde finales del 2018 el gobierno peruano ha impulsado la creación y formación de entidades relacionadas al acceso a información pública. Esto como continuación a la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la última instancia a nivel nacional. Su competencia es resolver controversias que se susciten en materias de transparencia y acceso a la información pública.

A finales del 2018 se presentaron los tres vocales de la Primera Sala del Tribunal, y a mediados del 2019 inició la selección de vocales de la Segunda Sala. Este ha sido un avance casi en solitario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pues no existe mayor voluntad política en este aspecto.

El líder asháninka Polico Díaz Sambache (46) fue reportado como desaparecido por 18 horas, luego de un enfrentamiento entre colonos y miembros de la comunidad indígena de Nueva Austria de la provincia de Puerto Inca, Huánuco. Díaz Sambache desapareció el último lunes a las 2 de la tarde mientras se trasladaba para recibir a funcionarios del Ministerio de Agricultura y Riego, quienes tenían agendada una inspección a los terrenos como parte del proceso de reconocimiento de la comunidad.

La Defensoría del Pueblo confirmó a Ojo-Público.comque el líder indígena apareció este martes cerca de las 8 de la mañana. Al promediar las 2 de la tarde de hoy, Díaz Sambache fue trasladado por un grupo de policías hasta la capital de la provincia de Puerto Inca. La intervención policial se realizó luego de la alerta que emitió anoche la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh).

“Se escondió en una casa de otra comunidad para evitar que lo atraparan los colonos. Nos atacaron sin piedad, quieren impedir que continuemos con el proceso de reconocimiento”, dijo a Ojo-Publico.com el vicepresidente de la Unión de Nacionalidades Asháninkas y Yanesha, Germán López. El dirigente agregó que otros cinco indígenas fueron atacados.

López además exigió que la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso investigue la anulación del reconocimiento de Nueva Austria como comunidad indígena en 2015, y a los funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco que entregaron títulos de propiedad a los colonos, que hoy ocupan las tierras que Nueva Austria reclama como suyas.

A pesar que en 2003 la Dirección de Comunidades de la Dirección Regional de Agricultura  reconoció a Nueva Austria como una comunidad indígena, un proceso judicial de 2015 le dio la razón a los colonos que denunciaron una presunta invasión de tierras. En dicha resolución, el Juzgado Mixto en adición Liquidador y Unipersonal de la Provincia de Puerto Inca declaró nulo el reconocimiento de la comunidad indígena Nueva Austria.

“La comunidad perdió su reconocimiento, luego la Dirección de Comunidades Nativas inició con la entrega de títulos de propiedad a los posesionarios porque la comunidad de Nueva Austria nunca tuvo la titularidad de las tierras”, explicó a Ojo-publico.com el asesor legal de la Dirección Regional de Agricultura, Adolfo Cachay Sánchez, aunque calificó el proceso judicial de 2015 como “mal desarrollado”. 

Para llegar hasta las tierras en disputa se debe recorrer primero ocho horas por carretera desde la ciudad de Huánuco hasta la provincia de Puerto Inca. Luego, trasladarse en moto por un camino de trocha durante 40 minutos, cruzar el río Pachitea en bote y caminar otras cuatro horas hasta alcanzar los territorios reclamados por la comunidad de Nueva Austria. 

La comunidad está conformada por 13 familias, mientras que los colonos agrupados en el caserío de Quinti Chari y en el centro poblado de Paujil reúnen a cerca de 60 familias. Entre 2016 y 2018, durante la gestión de Rubén Alva como gobernador de Huánuco y Weninger Gonzáles Atoquilca como director de Agricultura, se entregaron 140 títulos de propiedad. 

Hasta el cierre de esta edición se reportó que Polico Diaz Sambache se encontraba estable a pesar de las múltiples heridas que presenta por la agresión física que sufrió.

A menos de un mes de solicitadas las primeras prisiones preventivas de un caso derivado de los Panama Papers, Ojo-Publico.com entrevistó al general PNP Carlos Guillén Enríquez, a cargo de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía (Dirila), creada el 2014. Desde entonces, dicha unidad estuvo a cargo de investigaciones emblemáticas como el caso del comerciante de oro ilegal ‘Peter Ferrari', y hoy dirige las pesquisas contra un grupo de empresarios peruanos que usaron a la firma panameña Mossack Fonseca para resguardar sus capitales en paraísos fiscales.

Guillén Enríquez, abogado de profesión y exmiembro de la extinta Policía de Investigaciones del Perú (PIP), habló sobre los desafíos y retos de la Dirila, que ha incautado bienes por un total de S/578 millones en los últimos tres años. “El lavado de dinero está en la minería ilegal, el tráfico de drogas, la trata de personas, el sector inmobiliario y el sector pesquero”, dice desde su despacho en la avenida España, en el Cercado de Lima.

CASO EMBLEMÁTICO. La Policía y la Fiscalía investigaron por lavado de dinero al comerciante de oro ilegal Pedro David Pérez Miranda, conocido como Peter Ferrari. 

Foto: Andina

En los últimos años el periodismo ha revelado complejas estructuras empresariales de blanqueo de capitales en los casos Panama Papers y Lava Jato. En este contexto, ¿qué importancia adquiere la Dirección especializada en Lavado de Dinero de la Policía?

La Dirila, a través de sus cinco divisiones, tiene como misión investigar y denunciar el delito de lavado de activos y aplicar el proceso de extinción de dominio. Actualmente, el lavado de dinero es un delito transnacional. Las actividades ilícitas se generan en un país, pero las ganancias pueden ‘lavarse’ en Perú, o viceversa. Tenemos una relación fluida con la Red de Recuperación de Activos (RRAG) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que nos permite intercambiar trabajos con otros países. Nuestra dirección investiga actualmente a más de 1.200 personas naturales y 200 empresas.

Durante su gestión se realizó la evaluación mutua de Gafilat sobre el avance del Perú en la lucha contra el lavado de dinero. ¿Cuáles son los objetivos que se propuso llevar a cabo tras la publicación del informe?

Hemos pasado muy bien la evaluación mutua. Gafilat observó la labor del Estado Peruano en las unidades administrativas y operativas. Hemos articulado nuestro trabajo a través de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contralaft). Es más, hace poco se publicó el reglamento del Decreto Legislativo 1373, respecto al proceso de extinción de dominio. Desarrollamos estas actividades en forma conjunta, articulada y dentro de la cadena de valor de la lucha contra el lavado de dinero.

DECOMISO. El último 9 de septiembre un equipo de la Dirila incautó 30 kilogramos de oro que tenían como destino la India. El valor de los lingotes era de más de un millón de dólares. 

Foto: DIRILA

El informe de Gafilat sobre Perú recomendó mejoras a la coordinación entre la Dirila y la Fiscalía de Lavado de Activos. ¿Cómo es el trabajo conjunto con estas autoridades?

Trabajamos de forma fluida con la Fiscalía de Lavado de Activos [cuya coordinación está a cargo del fiscal Rafael Vela Barba]. La Policía invoca las medidas limitativas de derecho al Ministerio Público, que las hace suyas solicitando al juez una medida de incautación o allanamiento. Las dos instituciones están comprometidas dentro de la cadena de valor en la lucha contra el lavado de dinero.

¿Cuáles son las limitaciones de la Dirila relacionadas a la cantidad de personal o al presupuesto asignado para desarrollar un trabajo tan especializado?

Siempre vamos a tener limitaciones. Es natural en el proceso evolutivo de una dirección joven, pero esas limitaciones son superadas porque se mantiene al personal capacitado. Quizás hay un déficit de personal que no puede copar todas las unidades a nivel nacional, pero estamos implementando capacitaciones. Además, hemos abierto unidades descentralizadas de la Dirila en Ayacucho, Arequipa, Trujillo y Piura.

Además del conocimiento jurídico, la lucha contra el lavado requiere capacidades específicas para enfrentar estrategias comunes de blanqueo como el uso de sociedades offshore y de nuevas tecnologías. ¿En qué consisten las capacitaciones de la Dirila?

Entre 2017 y 2018, se dieron seis cursos de capacitación y dos de especialización para 67 y 40 policías, respectivamente, cada año. En lo que va del 2019 ya hemos capacitado a 45 personas, en cumplimiento del convenio de Gafilat. Además, hemos enviado personal de la Dirila a Colombia, Panamá, México y otros lugares que tienen una lucha frontal contra este delito. Nuestra dirección está preocupada en mantener actualizado al personal policial.

PARAÍSOS FISCALES. La Policía especializada en lavado de dinero investiga a un grupo de empresarios peruanos que utilizaron los servicios del estudio legal panameña Mossack Fonseca.

Foto: Ojo-Publico.com

¿Qué casos de éxito destaca dentro del trabajo de la Dirila?

Hemos realizado megaoperativos en los casos ‘Peter Ferrari’, ‘Casa Blanca’, ‘Jarachupa’, ‘Pataypampa’, ‘Dorado 2019’, ‘Centinela’, ‘Incario’, ‘Arequipa 2018’, ‘Chavín de Huántar’ y ‘La Gran Manzana’ [casi todos vinculados a casos de crimen organizado en general, narcotráfico y comercio de oro ilegal]. El 2017 incautamos bienes por un valor de S/109 millones, mientras que en 2018 llegamos a los S/127 millones. En 2019 hemos recuperado a favor del Estado más de S/342 millones, a través de operativos como ‘Arbitrajes 1’, ‘Tirabanti’, ‘Casma’ y ‘Orellana’, entre otros.

Si bien tradicionalmente el sector inmobiliario es el más usado para el lavado de dinero, ¿las características de nuestro país han convertido a la tala y la minería ilegal en sectores nuevos para el lavado de dinero?

Efectivamente, el lavado de dinero está en la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el sector inmobiliario y también en el sector pesquero. El ‘lavador’ siempre va a buscar economías emergentes para realizar sus actividades ilícitas y darle apariencia legal a ese dinero mal habido.

Las entidades financieras también cumplen un rol en el lavado de dinero.

En el año 2016 realizamos operativos en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde intervenimos a [un grupo de] cooperativos. Detuvimos a 13 personas que conformaban una organización criminal operando en la provincia de Huamanga.

OPERACIONES SOSPECHOSAS. Ojo-Publico.com reveló que el sistema financiero peruano recibió más de US$2.200 millones procedentes de presuntas actividades criminales.

Ilustración: Rocío Urtecho

Las personas involucradas en casos de blanqueo hoy coordinan con “expertos en lavado”. ¿Cuántas investigaciones tienen contra abogados y firmas legales?

Los lavadores no solamente contratan a expertos en inversiones o en cómo lavar el dinero mal habido. También contratan a estudios jurídicos para salir airosos en las investigaciones y procesos judiciales. Los lavadores cada vez son más sofisticados, y en muchos casos ellos no tienen vínculos con las personas que generan las actividades ilícitas. Sólo se encargan de realizar inversiones y transferencias. Estamos aplicando las nuevas técnicas de investigación que nos da el código procesal penal, que muy pronto tendrán resultados positivos.

Finalmente, ¿cómo ha contribuido la documentación revelada por el periodismo, desde los Panama Papers hasta el Caso Lava Jato, en la labor que realiza la Dirila?

El periodismo realiza una labor muy importante. Como personas también especializadas en la investigación de actividades ilícitas, permiten muchas veces que sus noticias den inicio a una investigación por parte de la Dirila. El periodismo siempre es un aliado para evidenciar y sacar a flote las actividades ilícitas de los lavadores. Además, apoya y contribuye en la fiscalización, control e investigación del lavado de activos.

El comité organizador de Perumin, el evento minero más importante del país, rechazó en un comunicado público los calificativos empleados por uno de sus expositores, el excapitán PNP (r) Sandro Espinoza Flores, gerente de la empresa de seguridad Police Security, durante su reciente presentación en la convención minera, en Arequipa.

Ayer, el expolicía acusó al viceministro de gobernanza territorial, Raúl Molina Martínez, a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA) y a los periodistas de Ojo-Publico.com de integrar una organización criminal detrás de las protestas contra el proyecto Tía María. Los organizadores lamentaron estos hechos y dijeron que el funcionario de Estado y las diversas organizaciones atacadas, “merecen todo nuestro respeto y aprecio”.

De acuerdo al comunicado de Perumin, la presentación del expolicía se realizó en la sala Pichu Pichu II en el Centro de Convenciones Cerro Juli (Arequipa). En aquel espacio, según dicha entidad, se realizó un programa de actividades ajenas a la organización oficial. En esta sala diversas instituciones “establecen sus propios temas de discusión”, dice el comunicado firmado por Carlos Gálvez, presidente del comité organizador del encuentro minero.

En su exposición de power point, a la que denominó “¿Conflictos sociales o crimen organizado?", el expolicía dijo que un grupo de políticos del Estado Peruano y de los gobiernos regionales, así como comunidades indígenas y medios de comunicación de Lima conforman una organización criminal que fomenta las protestas sociales contra las operaciones mineras en el sur del Perú.

AGENDA. Programa oficial en la página web de Perumin, en donde figura la exposición del expolicía Sandro Espinoza en la sala Pichu Pichu II del Centro de Convenciones Cerro Juli (Arequipa). 

Captura: Web de Perumin.

Espinoza se hizo conocido el 2014 cuando el Congreso lo investigó como allegado de Óscar López Meneses, conocido operador del corrupto exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, en el marco del caso por el irregular resguardo de la casa de este último durante el gobierno de Ollanta Humala.

El expolicía presentó un documento de power point en donde pretende dar a entender que periodistas y colaboradores regionales de Ojo-Publico.com, entre otros colegas de diversas partes del país, son “operadores” de lo que él llama una “organización criminal que dirige los conflictos sociales”. Espinoza, en realidad, habló de fotos y del programa de uno de los talleres de capacitación que este medio organizó en la ciudad del Cusco el 4 y 5 de mayo del 2018.

Durante su exposición, Espinoza incluso llegó a decir que el detenido Vladimiro Montesinos (exasesor de Alberto Fujimori entre 1990 y el 2000) fue uno de los mejores “hombres de inteligencia” en la historia del Perú.

ARRESTO. Sandro Espinoza –involucrado en actos irregulares, según este reportaje de América Televisión, fue detenido por desacato a la autoridad durante su presentación en la comisión del Congreso que investigaba el Caso López Meneses.

Fuente: América Televisión.

El 2014 el excapitán PNP fue detenido por insultar al presidente de la comisión del Congreso que investigaba el Caso López Meneses, según reportó América Televisión. Ese mismo año, La República reveló que la procuradora de lavado de dinero, Julia Príncipe, denunció a dicho personaje y a sus empresas por blanqueo de capitales, y que por ello sufrió amenazas verbales de parte de Espinoza.

Sobre dicho tema, La República entrevistó ayer a Guillermo Shino, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), entidad vinculada a la organización de Perumin. Este dijo que la exposición del expolicía Espinoza no representa el pensamiento de esta última entidad y que aquello fue un exabrupto.

Ojo-Publico.com solicitó a Perumin información más detallada sobre los criterios con los que eligen a los expositores de uno de los eventos mineros más importante en el país, pero al cierre de esta edición los organizadores dijeron que no harían más declaraciones que el comunicado público.